La Paz, Bolivia.- “Respeto la decisión de la justicia”, fue lo único que dijo este jueves el actual presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Carlos Villegas al conocer que su ex colega Santos Ramírez fue remitido a la cárcel de San Pedro. La autoridad confirmó el despido de 74 funcionarios y que habrá otros más para limpiar la corrupción que se detectó en la petrolera estatal.
Luego de prestar declaraciones ante la Cámara de Senadores, Villegas aseguro que no tiene “ninguna responsabilidad” en las irregularidades que habría cometido el ex presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, y que fue descubierto por el atraco y asesinato del empresario tarijeño Jorge OíConnor, quien trasladaba 450 mil dólares, que todo hace presumir se trataba del pago de un soborno por la adjudicación de una obra.
Villegas confirmó que hasta el momento se despidió a unos 74 funcionarios de la estatal petrolera debido a que fueron contratados irregularmente. “Procedimos al despido de esas personas con el mandato que tengo del presidente Evo Morales, especialmente de la planta jerárquica de trabajadores, no es el primer contingente de despidos porque vamos a continuar”.
Informó que se trata de una parte de 140 personas "sin contrato, sin certificación presupuestaria, por lo tanto una anomalía e irregularidad inaceptable".
Al menos 12 funcionarios de la planta jerárquica de la petrolera, cercanos a Ramírez, han sido incorporados como imputados a la investigación que realiza el Ministerio Público para establecer el destino de 450.000 dólares arrebatados por una banda al empresario OíConnor Díarlach, que suscribió con la administración de Ramírez un contrato por 86 millones de dólares para construir una planta de líquidos en el Santa Cruz.
Villegas garantizó que la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, Santa Cruz, continuará y que este viernes arribará al país una delegación que viajó a Estados Unidos para conocer los trámites y la conformación de la empresa Catler Uniservice, en la que OíConnor Díarlach era copropietario.
Los representantes de los trabajadores de Yacimientos denunciaron que las acciones emprendidas por la actual administración es una “masacre blanca”, porque se trataría de despidos injustificados. El secretario General del Sindicato de Trabajadores de de la estatal petrolera, Ramiro Saavedra, dijo que no se están tomando en cuenta los files de los funcionarios y que paralelamente a los despidos se están realizando nuevas contrataciones.
A esto se suma que el ex presidente de Yacimientos, Santos Ramírez, junto a sus principales colaboradores violó la Ley SAFCO y el Decreto 29506 que autoriza acelerar la contratación de obras, bienes, servicios generales y servicios de consultoría.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró que esa violación conlleva responsabilidades administrativas, civiles y penales para los implicados en la licitación, adjudicación y firma del contrato con la empresa Catler Uniservice para la instalación de una planta separadora de líquidos en Santa Cruz.
El 14 de julio de 2008, YPFB suscribió el contrato para la construcción e instalación “llave en mano” de la planta separadora de líquidos con la sociedad accidental Catler Uniservice por 86,3 millones de dólares; aunque todo el proceso de calificación y adjudicación lo siguió sólo la empresa boliviana Uniservice SRL que, luego, se fusionó con Catler Internacional tres días antes de firmar el contrato.
La autoridad aseveró que algunas personas implicadas en este tema quieren ampararse en los decretos para eludir sus responsabilidades y que eso no puede ser, porque esas normas son claras en su contenido.
El Ministerio de Transparencia, que encabeza la comisión interventora de YPFB, entregó al menos 300 fojas de documentos analizadas y debidamente respaldadas a la Fiscalía de Distrito, tras detectar indicios de corrupción en Yacimientos en la contratación de Catler Uniservice.
Mientras que su colega Carlos Villegas informó que la estatal petrolera desembolsó un monto de 16 millones de dólares a Gulsby Process Systems, Catler Internacional Corporation y Uniservice SRL, como parte del contrato para la instalación de la planta separadora de líquidos en Río Grande.
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